THE LEGAL PROTECTION OF THE CONCEIVED IN SPANISH LAW

DEVERDA Y BEAMONTE José Ramón

Abstract


This paper describes the protection that Spanish law dispenses human life in the pre-birth, paying
particular attention to constitutional protection and liability claims resulting from injuries to the conceived.

References


En la emblemática STC de11 de abril de 1985, n. 53, RTC, 1985, 53; y en Cuadernos de Política Criminal, n. 28,

, pp. 247-252, con nota de Cuerda Riezu, A. R.: “Comentario a la sentencia 53/1985, de 11 de abril, sobre el

recurso de inconstitucionalidad del proyecto de ley orgánica que introduce en el código penal un artículo 417

bis (despenalización parcial del aborto)”.

Esta doctrina del Tribunal Constitucional no ha sido del gusto de la toda la doctrina, existiendo autores

críticos con la misma, en particular, con la categoría del bien constitucionalmente protegido, bien por considerarla

insuficiente en orden a garantizar la vida del nasciturus, bien, por todo lo contrario, esto es, por entender

que constituye un límite artificial a la posibilidad de que la mujer pueda abortar: v. por ejemplo, en la primera dirección, Calvo Mejida, A.: “El nasciturus como sujeto del Derecho. Concepto constitucional de persona

frente al concepto pandectista-civilista”, Cuadernos de Bioética (2004), 2, pp. 283 e ss.; o Díaz Pintos, G.: “La

concepción «totémica» del «nasciturus» en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: STC 53/1985, de 11 de

abril”, Persona y Derecho, n. 54 (2006), pp. 185-212; y, en la segunda, entre otros, Vives Antón, T.S.: “Valoraciones

ético-sociales y jurisprudencia constitucional: el problema del aborto consentido”, Revista Española de Derecho

Constitucional, n. 15 (1985), septiembre-diciembre, pp. 145-146.

V. en este sentido con total claridad Martínez de Aguirre, C.: “ad art. 29 CC”, en AA.VV.: Código Civil Comentado

(coord. por A. Cañizares Laso y otros), vol. I. Cizur Menor (Navarra) (2011): Thomson Reuters, p. 274.4 La LO n. 11, de 21 de septiembre de 2015, ha suprimido el polémico número 4º de la LO n. 2, de 3 de marzo

de 2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, el cual permitía abortar

a las menores sin el consentimiento de sus progenitores e, incluso, sin informar a ninguno de ellos, cuando la

menor alegara “fundadamente” que el hecho de informarles le provocaría “un conflicto grave, manifestado en

el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos”, o le produciría “una situación

de desarraigo o desamparo”. El actual art. 9.5.II de la ley n. 41, de 14 de noviembre de 2002, básica reguladora

de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica

(modificado por la misma LO n. 11, de 21 de septiembre de 2015) establece ahora que “Para la interrupción

voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente será preciso,

además de su manifestación de voluntad, el consentimiento expreso de sus representantes legales. En este caso,

los conflictos que surjan en cuanto a la prestación del consentimiento por parte de los representantes legales,

se resolverán de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil.

V., a este respecto Femenía López, P. J.: Status jurídico del embrión humano, con especial consideración al concebido in

vitro, Madrid (1999) Mac Graw-Hill, F. Lledó Yagüe, F.: Fecundación artificial y Derecho. Madrid (1988): Tecnos, pp.

-86, pp. 80-93; Vidal Martínez, J.: “Algunos datos y observaciones para contribuir a la consideración jurídica

del embrión humano concebido in vitro”, en AA.VV.: Estudios de Derecho civil en homenaje al Profesor Dr. José Luis

Lacruz Berdejo, vol. 2º, Madrid, (1993) pp. 2077-2105; así como, más recientemente, las extensas consideraciones

de Castillo Martínez, C.C.: “Reflexiones sobre el concepto de persona y la protección de la vida prenatal”,

Revista Jurídica del Notariado (2010), pp. 284-301.


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